Política
Por Prensa Los Ríos , 7 de noviembre de 2018

Berger llamó al gobierno patrocinar proyectos aprobados por la Cámara que buscan mejorar la salud pública

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Las iniciativas fueron aprobadas por los diputados, sin acogida de la administración anterior:

El diputado Bernardo Berger (RN), a través de su tradicional columna de los días miércoles hizo un llamado al Ejecutivo a patrocinar y poner énfasis en una serie de mociones y proyectos de resolución que buscan mejorar la accesibilidad, cobertura, garantías, seguridad y modernización en salud.

Berger explicó que “hay una lista de proyectos aprobados por la Cámara de Diputados en los que soy autor o co-autor, que por comprometer erario fiscal requieren patrocinio del Ejecutivo. Con el gobierno actual se abre la oportunidad a que estas mociones que no fueron acogidas antes, hoy sí tengan el tiraje necesario”.

Agregó que “la lista la he remitido al Ejecutivo. Entre esos proyectos figuran la incorporación de la fibromialgia, la cirugía de hernia cervical y el examen de endoscopia digestiva alta al AUGE o GES; la ampliación de edad para tratamientos de fertilidad; y la inclusión del Síndrome de Duchenne a ley Ricarte Soto”.

En este contexto enfatizó también sobre otras iniciativas que a su juicio “son más estructurales” como: un Plan Nacional de Salud Mental con énfasis en depresión –Chile es el segundo país con más muerte por esta causa-; que Fonasa sume la terapia ocupacional a su canasta por los efectos en la reducción del ausentismo laboral y la rehabilitación integral; asignaturas sobre donación y trasplante en carreras universitarias de salud; más becas en geriatría; fonoaudiólogos en salas cunas y jardines infantiles; y un programa de medicamentos a domicilio para la cuarta edad.

“En esa línea, junto a mis colegas de Renovación Nacional ingresamos un nuevo proyecto hace unos días, basado en uno anterior mío de 2017 que fortalece la labor fiscalizadora y la tramitación expedita de licencias por parte del Compin, pero que ahora agrega que el pago no supere los 30 días”, detalló.

Añadió que “se trata dar certezas mínimas que cualquier paciente requiere de contar con el respaldo económico para hacer frente a la enfermedad. Porque al final la licencia no es una “paleteada” sino un derecho en forma de subsidio de invalidez temporal cuyos recursos salen en gran medida del esfuerzo previsional del propio trabajador. Y, por otra parte, el retardo del pago impone una segunda carga al paciente: la imposibilidad de cumplir obligaciones financieras y comerciales más las propias devengadas del tratamiento como la compra de medicamentos u horas médicas”.

Finalmente concluyó que “en definitiva, estamos respondiendo a problemas que se arrastran por más de 20 años y creemos indispensable hacer esfuerzos como éstos para que la debilidad en Salud Pública no sea más dañina que la propia enfermedad".

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